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12 de Mayo de 2021


El ex Concejal y actual asesor legislativo “Moncho” Garay cobró un subsidio PROGRESO indebidamente y se niega a devolverlo

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En septiembre último el gimnasio del que es socio solicitó un subsidio por más de 320 mil pesos. Se le otorgaron 149 mil. Controles posteriores determinaron que esa ayuda no le correspondía por ser funcionario de la Legislatura. Se le intimó en dos oportunidades a devolver el monto y se negó. El viernes se presentó una denuncia en su contra en la Fiscalía de Estado.

En las últimas horas, el Gobierno provincial formalizó una presentación ante la Fiscalía del Estado de Tierra del Fuego para que se arbitren las actuaciones necesarias para recuperar los 149 mil pesos cobrados por la firma Austral Gym SRL en concepto de subsidio del plan PROGRESO, ya que uno de sus propietarios es funcionario provincial –más precisamente, planta política de la Legislatura-, lo que lo inhabilita para recibir este tipo de beneficios.

Todo comenzó en septiembre pasado, cuando Austral Gym hizo la presentación para el cobro de un subsidio en el marco del Programa de Recuperación Económica y Social -implementado por el Gobierno provincial como ayuda al sector privado en el marco de la crisis provocada por la pandemia-. El monto solicitado fue de poco más de 332 mil pesos, para ser destinados a «servicios básicos e impuestos; insumos, herramientas, capital de trabajo, servicios de terceros; alquiler comercial; y gastos de subsistencia».

Analizado el expediente presentado por la firma con el respaldo societario formado por Pablo Cobián, Fernando Luis Lapadula, Fernando Minor y Héctor Garay, se le otorgó la suma de 149 mil pesos. Dinero que llegó a manos de los beneficiarios días más tarde.

En controles posteriores, que incluyó entrecruzamiento de datos entre la Inspección General de Justicia y la ANSES, se determinó que uno de los socios de Austral Gym pertenecía a la planta política de la Legislatura provincial.

Se trata del ex Concejal de Río Grande Héctor «Moncho» Garay, actual asesor de la legisladora Victoria Vuoto, del Partido Verde.

Vale destacar que al momento de presentar el beneficio del PROGRESO el solicitante debe firmar una declaración jurada en la que entre otros puntos expresa: «No me encuentro entre las excepciones establecidas en la normativa (para personas jurídicas aplica a cada uno de los miembros de la sociedad que posean más del 15% del capital): – no me encuentro en proceso concursal o quiebra; no soy personal de gabinete del sector público provincial, municipal o nacional, en cualquiera de sus estamentos y sus familiares de primer grado; no soy agente del sector público provincial, municipal o nacional a jornada completa…”.

De manera que «Moncho» Garay -dueño del 34 por ciento del gimnasio- mintió en la declaración jurada, lo que en términos formales es considerada una distorsión premeditada de la información proporcionada por el solicitante.

De manera inmediata se intimó a Austral Gym a la devolución de los 149 mil pesos cobrados indebidamente. Ante ese primer pedido no hubo respuesta por parte del gimnasio ni tampoco la hubo a una segunda intimación.

Ante esta situación, se decidió dar intervención a la Fiscalía de Estado a los efectos que inicie las acciones correspondientes para la recuperación de esos fondos públicos y paralelamente determine si se cometió algún delito en contra del Estado.



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