El rol de “Teto” Medina y los otros detenidos en la comunidad acusada de reducción a la servidumbre

“Buenas noches, acá estamos en la Razón de Vivir, Quinta Uno, casa madre, con la familia, con Estela, con el Teto Medina”, dice la voz detrás del celular que graba una escena en la comunidad terapéutica que fue allanada este jueves, a raíz de una causa por asociación ilícita, estafa, explotación laboral y reducción a la servidumbre.

El video fue el último posteo del Facebook del presunto centro de rehabilitación en adicciones, horas antes de los procedimientos en el que fueron detenidas 17 personas en distintos puntos del conurbano.

La investigación de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA y la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de Buenos Aires determinó los roles que cada uno de los detenidos cumplía en la estructura, que operaba en “quintas” ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Fuentes del caso indicaron que el exVideoMatch cumplía la función de “marketing”. Creen que “ayudaba a acceder a organizaciones privadas, favoreciendo así las actividades llevadas a cabo en los distintos centros terapéuticos, movimientos que a su vez le producían un gran beneficio económico”.

Lo acusan de captar adolescentes y adultos y lo ubican por debajo de los sindicados jefes de la presunta banda, en los que están involucrados policías.

En lo más alto de la pirámide aparece Néstor Ezequiel Zelaya, el socio fundador de la S.R.L. y Director General de la comunidad terapéutica. Fue el encargado del manejo de las redes sociales y publicidad utilizando diferentes figuras públicas y medios de comunicación locales y nacionales.

Quién es quién en la comunidad terapeútica del “Teto” Medina

La causa, en manos del fiscal Daniel Ichazo, se originó por una denuncia que aseguraba que en “La Razón de Vivir”, sometían a las personas que asistían a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, dentro y fuera de los establecimientos.

Los detectives identificaron a más de 200 víctimas (mayores y menores de edad), distribuidos en siete centros de rehabilitación y 19 víctimarios. Ellos son:

• MARCOS ALEJANDRO PACHKO (Socio Fundador de la SRL).
• EDUARDO HUMBERTO ZELAYA (Subdirector de la Quinta Uno y progenitor de Zelaya Néstor)
• MARIANO JORGE LUIS TORCHIA (Director de la Quinta Dos Florencio Varela, domiciliado en la localidad de La Matanza – un ex agente de la Policía Federal Argentina)
• JORGE ALBERTO BASÍLICO (Director de la Quinta Tres de la Provincia de Córdoba)
• GÓMEZ ROSANA ELIZABETH (Administradora encargada de los cobros y esposa de Jorge Basilico)
• DURAN RUBÉN ERNESTO (Encargado del Nexo con las Familias de los internos en la Quinta Uno)
• ARIAS MARTIN EZEQUIEL (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno y Quinta Tres)
• NIEVA EMILIO DAVID (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Dos)
• FEDERICO EMMANUEL RISO PATRÓN (Operador en Adicciones, Coordinador en Quinta Uno)
• SONIA ELIZABETH CÓRDOBA (Encargada en Quinta Tres de la Provincia de Córdoba, nexo entre las familias y el Director General, realiza publicidad en dicha Provincia)
• ALFREDO MARTIN CÓRDOBA (Operador en Adicciones, Coordinador de las Quintas Uno y Dos)
• CÁCERES FERNÁNDEZ DAMIÁN ALBERTO (Director General Quintas ELECCIÓN DE VIDA, cuya pareja es efectivo de la policía bonaerense)
• PATRICIA ELIZABETH ENTRE RÍOS (Coordinadora de Operadores o Coordinadores)
• LANZA TATIANA (Policía de la Provincia de Buenos Aires)

El caso del director Torchia, las denuncias de las víctimas, hablan de un trato militarizado, maltrato verbal y psicológico, incluso sus propios compañeros de la Organización comentan en las escuchas esta situación, avalando todo esto los testimonios de las víctimas.

En tanto, Lanza con jerarquía de Oficial de Policía, cumpliría dentro de la organización el rol de amenazar a los internos que desean abandonar las quintas, presentándose uniformada o haciéndose pasar por Fiscal o Jueza dentro de los centros, advirtiendo a los mismos que podrían ir presos en el caso de volver a fugarse del lugar o que se comportan de manera indebida.

La comunidad terapéutica no tenía habilitación y cobraba una cuota mensual de 25 mil pesos a los internados

La directora de la Sedronar confirmó en TN que el sitio no figuraba en sus registros, requisito para poder funcionar de manera legal.

Los investigadores determinaron que la organización, a través de “La Razón de Vivir” y “Elección de Vida” (otro centro sin habilitación), ofrecía a los familiares de los internados un servicio de atención psicológica, cuidados médicos y de enfermería, tratamiento personalizado acorde a cada necesidad de cada paciente, servicios que no existían, de acuerdo a las fuentes.

Sin embargo, los familiares pagaban una cuota mensual más una inscripción, siendo la cuota diferente e impuesta acorde a las apariencias y acorde nivel adquisitivo de cada familia. El básico era de 35 mil pesos, pero variaba y aumentaba con el tiempo. En algunos casos, era de 200 mil pesos por mes.

“Los internados eran obligados a realizar tareas de albañilería para la expansión y mejoras de las instalaciones de los centros de rehabilitación, todo ello sin ninguna remuneración”, precisaron.

Al mismo tiempo, los detectives detectaron que “los internos sufren controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta como así también cuando manifiestan deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento”.

De acuerdo a las fuentes, cuando quieren retirarse “son engañados por parte de los directores del lugar asociados, coordinadores y cómplices, quienes se hacen pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces; haciéndoles creer que en caso de abandonar el lugar, deberán enfrentar cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias”.

“Valiéndose de figuras públicas y realizando diferentes publicaciones en Redes Sociales o entrevistas en Radios de la zona o medios nacionales, el ámbito de actuación se extiende a lo largo del país”, indicaron.

“Se aprovecharon de personas muy vulnerables”, resume un investigador. Casi todas las estrategias que aplicaron para que los pacientes no se escaparan violaron la Ley de Salud Mental. El objetivo, aseguran, era continuar cobrando la cuota.

“Chicos Tiempo”, “Operadores” y el “Director general”

Los agentes lograron determinar la existencia de un grupo de internos, que ha logrado la “confianza” o la “benevolencia” del Director General, estos internos son llamados “Chicos Tiempo” y se encuentran jerárquicamente por encima de sus compañeros, teniendo beneficios como salidas o visitas de sus familiares.

Los “Chicos Tiempo” son los encargados de dar aviso cuando un compañero quiere abandonar la Comunidad. Tras la alerta, obligan al interno a regresar, por cualquier medio, incluso por el uso de la violencia, detallaron las fuentes.

En caso de que el interno no quiere escapar, pero manifestó su necesidad de retirarse; “la intervención es aún más intensiva; no importa los motivos que esta esgrima para irse, los “Operadores” llaman al “Director General”, que hace una intervención directa, lo aísla y comienza a hablarle durante horas sobre la necesidad de que se quede; no hace ninguna evaluación por ningún equipo interdisciplinario ni tampoco realiza una intervención con la familia”, agregaron.

“Hay un sistema perverso que utiliza el miedo de las familias a la recaída de sus familiares, en ese momento interviene uno de los investigados, que valiéndose de la desesperación de estas personas, comienza a presionar a las familias diciendo que si sus familiares se van pueden terminar muertos o presos, para cuando el interno puede comunicarse con su familia, esta no cree los dichos de los internos”, indicaron las fuentes.

Los investigadores remarcaron que “cada centro de rehabilitación cuenta con directores, administradores, coordinadores, psicólogos y otros cómplices participes necesarios, quienes han sido correctamente identificados y certificado su participación en la organización”.

Fuente: TN