«Este instrumento internacional fue firmado en 1959 por doce países (incluida la Argentina) y permitió reservar el continente para la paz, la ciencia y la cooperación internacional; asimismo, ofreció un marco para regular la actividad en la Antártida y, en virtud de su Artículo IV, estableció una fórmula de salvaguardia para los reclamos de soberanía, que incluye el de la Argentina», explicaron a Télam fuentes de la Cancillería.
Argentina «fundamenta su reclamo de soberanía sobre este sector en virtud de la contigüidad geográfica y geológica con el territorio sudamericano, la instalación y ocupación permanente de bases antárticas, el desarrollo de actividad científica por más de un siglo y la herencia histórica de España, entre otros elementos», indicaron fuentes del Palacio San Martín.
Existen seis países que presentaron reclamos territoriales específicos en la Antártida al momento de firmarse el Tratado Antártico además de Argentina: Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelandia y Reino Unido.
Otros dos países, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (hoy Rusia), se reservaron el derecho a efectuar reclamos territoriales en el futuro.
De acuerdo a información proporcionada por la Cancillería, Argentina administra 13 bases en la Antártida, de las cuales siete son permanentes (operativas todo el año) y el resto, temporarias (operativas sólo en verano).
De ellas, dos son administradas por la Cancillería: Base Carlini (permanente) y Base Brown (temporaria).
Las otras bases son administradas por el Comando Conjunto Antártico (Cocoantar) del Ministerio de Defensa: Base Orcadas, Base Marambio, Base Esperanza, Base San Martín, Base Belgrano II y Petrel(permanentes); y las bases temporarias Melchor, Decepción, Cámara, Primavera y Matienzo (temporarias).
En todas estas bases argentinas, la ciencia antártica depende del Instituto Antártico Argentino (IAA), organismo de la Cancillería.
Existen adicionalmente unas 32 bases de otros 18 países que también se encuentran en el Sector Antártico Argentino; no todos los países del Tratado tienen bases en la Antártida.
