Su propuesta gira en torno a la adopción de un sistema de vouchers que, si bien ha sido implementado en ciertos países, ha arrojado resultados cuestionables en términos de calidad educativa y ha llevado a familias a niveles de endeudamiento considerables.
El enfoque de vouchers no es nuevo y fue concebido en la década de los años 60 por el economista estadounidense Milton Friedman, una figura influyente en las ideas económicas del candidato libertario. Esta estrategia se ha aplicado en naciones como Chile, Nicaragua, Suecia y Nueva Zelanda.
El mecanismo de financiamiento de los vouchers opera de la siguiente manera: el Estado proporciona a los padres una suma de dinero por cada hijo en edad escolar. Esa cantidad se destina a cubrir los costos del establecimiento educativo seleccionado, de acuerdo con las preferencias de los progenitores, durante un período determinado en el año escolar o semestre.
Según Milei, «la introducción de vouchers impulsa la competencia, lo que lleva a que las instituciones de mejor desempeño atraigan a un mayor número de estudiantes». Añade que «las instituciones con dificultades financieras quedarán bajo el control de las que estén creciendo, creando un ciclo que fomenta la mejora en la calidad educativa».
El candidato libertario sostiene que «la educación puede ser pública o privada, pero en ningún caso es gratuita; alguien debe sufragar los costos».
Dentro de su programa gubernamental, LLA argumenta que «el subsidio a la oferta no ha tenido éxito, ya que la mayoría de los argentinos prefieren abandonar el sistema público en favor del privado». En este sentido, las escuelas públicas «funcionan más como comedores que como centros de formación».
De acuerdo con el relevamiento del Indec realizado en 2021, más de 11 millones de estudiantes se encuentran en el país, de los cuales más de 8 millones asisten a instituciones públicas y 3 millones optan por la educación privada.
Sin embargo, una investigación de la fundación Argentinos por la Educación reveló que, entre 2018 y 2022, más de 120 mil estudiantes abandonaron la educación privada para inscribirse en instituciones públicas.
El énfasis de Milei en la implementación de este sistema se basa en la experiencia chilena, donde se adoptó durante la década de los años 80 bajo el régimen de Augusto Pinochet.
El sistema de vouchers en Chile
Recaredo Gálvez, experto en educación de la Fundación Sol de Chile, señaló que el modelo de vouchers «perjudicó a las instituciones públicas menos reconocidas, ya que tienen menos acceso a financiamiento de calidad. Esto también resulta en una disminución de su matrícula y en una menor capacidad para destacar en investigación o para ofrecer educación e infraestructura de alta calidad».
El investigador subrayó que el sistema de vouchers «no logró garantizar la calidad», y destacó que «en Chile, el 40% de los niños enfrenta dificultades en lectura y escritura, problemas que se agravaron durante la pandemia, tal como lo demuestran los indicadores de los exámenes PISA».
En lo que respecta a los aspectos financieros, Gálvez mencionó que también en Chile «hay un alto nivel de incumplimiento en los pagos de préstamos educativos, afectando a más de 700,000 personas en deuda».
Según Gálvez, el sistema de vouchers favoreció a la banca privada debido a que sus fondos terminan siendo respaldados por el Estado.
«Este sistema de vouchers demostró no ser sostenible en su totalidad. Generó tensiones sociales, no mejoró la calidad de la educación ni de las instituciones públicas, tampoco mejoró el empleo ni los salarios de los docentes», señaló.
El sistema de vouchers en Nicaragua
Por su parte, Alejandro Morduchowicz, especialista en Economía y Financiamiento de la Educación, describió en sus redes sociales la introducción del sistema de vouchers en Nicaragua a principios de los años 90.
En Nicaragua, este sistema desencadenó una crisis en el ámbito educativo. Muchas instituciones buscaron atraer a estudiantes más acomodados para recibir contribuciones adicionales que complementaran su financiamiento. Esto llevó a un aumento en las contribuciones voluntarias.
Según el especialista, este enfoque resultó en «una disminución en la tasa de matriculación», ya que las familias más desfavorecidas no podían afrontar los costos adicionales. Esta situación condujo a la gratuidad escolar en 2007.
La opinión de CTERA
La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) expresó críticas hacia la propuesta impulsada por Milei, argumentando que «representa no solo un modelo que ha fracasado en sus diversas versiones implementadas por varios países desde los años 90, sino también por su naturaleza antidemocrática, mercantilista y discriminatoria».
La organización subrayó que este enfoque daría lugar a más «privatización, segregación, exclusión y discriminación, limitando las posibilidades de diseñar políticas socioeducativas nacionales y provinciales para la inclusión y la expansión de derechos, especialmente en los sectores más marginados».
CTERA destacó que la propuesta es «desacertada» debido a que generaría un sistema «fragmentado, desigual y colapsado».
A pesar del énfasis de la propuesta de LLA, la implementación de este sistema se ve limitada, ya que la Constitución de 1853 establece que la educación depende de las provincias y no del gobierno central. Por tanto, la modificación del Artículo 5° de la Carta Magna sería necesaria para centralizar la educación y reducir el poder de las provincias.
