La Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad había revocado en agosto el permiso de funcionamiento del mencionado dispositivo; sin embargo, la compañía, de capitales británicos, no había mostrado señales de desmantelar las instalaciones previamente.
En una carta reciente dirigida al gobernador Gustavo Melella, LeoLabs asegura que procederá a retirar ciertos componentes electrónicos y ha solicitado la suspensión del servicio eléctrico en el área de la estancia El Relincho, ubicación central del radar en Tierra del Fuego.
El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de la provincia, Andrés Dachary, informó que las acciones de LeoLabs buscan “disipar cualquier duda instalada en la comunidad y prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros”, como lo menciona la carta firmada por Pablo Bilbao, representante de la empresa en Argentina.
En un comunicado, Dachary reveló que la empresa insiste en que el radar ha estado inoperante desde el 26 de junio, una afirmación corroborada por funcionarios nacionales que se desplazaron a Tierra del Fuego. Dachary también comunicó que, al culminar el retiro de los componentes electrónicos, la firma gestionará el corte total del suministro eléctrico, modificará su estructura societaria y solicitará la suspensión de plazos procesales.
En agosto, el Ministerio de Defensa catalogó la instalación del radar como una amenaza a la seguridad nacional, basando sus afirmaciones en informes técnicos que sugerían un potencial uso militar de la tecnología implementada por LeoLabs, debido al carácter dual de los datos recopilados por sus instalaciones. También se destacó la posibilidad de que la información recopilada pueda ser utilizada por servicios de inteligencia extranjeros, incluidos los de Estados Unidos y Reino Unido.
La decisión de LeoLabs de instalar la tecnología en Tierra del Fuego, en lugar de otras ubicaciones estratégicas como el sur de Chile o las Islas Malvinas, ha suscitado interrogantes, dada la ubicación geográfica estratégica de Tolhuin en la política de defensa nacional. La información espacial global que LeoLabs puede obtener y comercializar desde esta ubicación también tiene potenciales aplicaciones de inteligencia.
Este caso ha puesto de relieve las complejas implicancias geopolíticas y de seguridad que envuelven a empresas extranjeras operando en sectores estratégicos, reavivando el debate sobre la soberanía y la protección de datos críticos en la era de la información. La disposición de LeoLabs para desmantelar las instalaciones es un paso significativo hacia la resolución de las preocupaciones planteadas, pero deja importantes cuestiones en el aire respecto a la operación de empresas internacionales en territorio nacional.
