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El gobernador Gustavo Melella criticó la medida, afirmando que el presidente «ha equivocado el rumbo» y que estas medidas agravan la compleja situación económica. Melella hizo un llamado a buscar el camino del desarrollo, la generación de empleo y la distribución de la riqueza.
Melella manifestó su preocupación en redes sociales, destacando que «la quita de derechos nos conduce al abismo» y abogó por el debate democrático de las iniciativas presentadas en el DNU en el Congreso Nacional.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, destacó que el Estado tiene tres poderes y acusó al Ejecutivo Nacional de decretar un vaciamiento del país. Pérez llamó a los poderes Legislativo y Judicial a mantener el estado de derecho y la seguridad jurídica frente a las decisiones del gobierno liberal.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, consideró que las medidas presidenciales buscan cambiar unilateralmente la forma en que los argentinos se desarrollan social y económicamente. Propuso la convocatoria a un consejo económico y social para analizar los alcances del DNU y anunció que recurrirán a instancias judiciales y políticas para defender los intereses de la provincia.
Las críticas se centraron en cómo el DNU afectaría a la industria de la Isla, especialmente promocionada. Vuoto llamó a la unidad en defensa de la soberanía, la industria y los puestos de trabajo de los habitantes de Tierra del Fuego.
Exfuncionarios como Rosana Bertone y Carolina Yutrovic expresaron preocupación por la posible perjudicación de la provincia, advirtiendo sobre la apertura indiscriminada de importaciones que podría destruir la industria tanto local como nacional.
A nivel gremial, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) repudió las medidas anunciadas, calificándolas de ilegítimas e inconstitucionales. Además, se registraron cacerolazos en la provincia en rechazo al DNU, tanto en Río Grande como en Ushuaia.
