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El «Proyecto Fénix» implica la instalación de una plataforma submarina en la Cuenca Marina Austral, frente a las costas de Tierra del Fuego, para la extracción de gas convencional a partir de fines de 2024. Con una inversión de 700 millones de dólares, se espera que aporte al sistema nacional «10 millones de metros cúbicos de gas por día», equivalente al «10% del total de la producción nacional», según fuentes oficiales del gobierno fueguino.
El consorcio Total Energies, conformado por Total Austral y sus socios Wintershall Dea Argentina y Pan American Sur, lidera actualmente el proyecto. Sin embargo, la entrada de Harbour Energy generó preocupación en las autoridades provinciales.
Melella señaló que Harbour Energy fue intimada en 2022 por la Cancillería argentina por llevar a cabo actividades de exploración hidrocarburífera en las Islas Malvinas. El gobernador destacó la gravedad de la situación, indicando que «no se trata de una simple adquisición o cambio de compañía».
El mandatario recordó que Harbour Energy, con sede en Londres, fue objeto de intimación debido a «acciones contrarias a las leyes 26.659 y 26.915», al pretender realizar actividades en las Islas Malvinas sin la debida autorización del gobierno argentino.
Melella detalló que Harbour Energy surgió de la fusión de dos empresas británicas y resaltó que Premier Oil, una de las precursoras de la firma, fue sancionada en 2013 y se le prohibió operar por ser titular de licencias otorgadas por el gobierno isleño ilegítimo.
Ante esta situación, el gobernador expresó un rechazo contundente al intento de vulnerar los derechos soberanos y anunció la presentación de un proyecto de ley en el Congreso para modificar la legislación actual. El objetivo es facultar sanciones a empresas que, en el pasado, hayan llevado a cabo acciones violatorias de la soberanía argentina.
Melella concluyó afirmando que no permitirá acciones que fortalezcan la presencia ilegal británica en el territorio y que amenacen directamente los intereses provinciales y nacionales. Se comprometió a utilizar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para proteger los derechos de Tierra del Fuego.