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Según los mandatarios, las alteraciones planteadas tendrían un impacto negativo significativo en la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros.
Entre las principales preocupaciones destacadas en el comunicado se encuentran la derogación del Artículo 25° del Régimen Federal de Pesca -Ley 24.922-, que establece la obligatoriedad de descargar toda la pesca en puertos argentinos para generar empleo nacional. También resaltaron la modificación propuesta en el Artículo 27°, que eliminaría la consideración del historial de capturas y otros factores para acceder a los cupos de especies, sustituyéndolo por una licitación pública que, según los gobernadores, crearía una competencia desigual entre empresas nacionales y extranjeras.
Otro aspecto destacado es la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal de nacionalidad argentina, que anteriormente representaba el 75% del personal embarcado, con diez años de residencia en el país. Los gobernadores argumentan que esta modificación permitiría a las empresas contratar personal extranjero, afectando así el sistema de empleo en la región.
Además, los mandatarios señalaron que la reforma propuesta sobre el artículo 9 de la Ley Federal de Pesca resultaría en una pérdida de representatividad de las provincias en las decisiones pesqueras, y junto con el aumento de retenciones, tendría un efecto destructivo en el complejo pesquero, disminuyendo la recaudación para el Estado Nacional.