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La iniciativa, impulsada por miembros de la agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (CORTE), exige que la prohibición permanezca en vigor «hasta tanto se presenten estudios médico científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones». La normativa especifica que cualquier estudio futuro para derogar la ordenanza debe contar con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento.
La ordenanza prohíbe al municipio emitir autorizaciones para la instalación de la tecnología 5G, basándose en el «principio precautorio en materia de salud y ambiente». Entre sus fundamentos, se destaca la falta de estudios que aseguren la seguridad a largo plazo de las radiaciones de las radiofrecuencias provenientes de las telecomunicaciones celulares en Argentina.
Alejandra Guerrero, miembro de CORTE en Tierra del Fuego, destacó la necesidad de precaución, afirmando: «No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares».
A nivel internacional, varios países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá han optado por prohibir la participación de la empresa china Huawei, proveedora de tecnología para el servicio 5G, basándose en argumentos de seguridad. Mientras tanto, el debate sobre los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente continúa, con la OMS indicando en 2020 que «no se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas ningún efecto adverso para la salud», aunque con la salvedad de la escasez de estudios específicos para las frecuencias utilizadas por el 5G.