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Bajo el escrutinio de los programas sociales destinado a abordar la premisa central del Gobierno relacionada con el déficit fiscal, el sábado por la mañana, desde la Casa Rosada, se anunció la cancelación de más de 27 mil planes sociales. El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, argumentó que los beneficiarios presentaban irregularidades y no cumplían con las condiciones necesarias para recibir estos respaldos estatales.
Esta nueva depuración de programas sociales surgió de una revisión interna de datos realizada en el ministerio de Pettovello, según informó LA NACION. Durante esta investigación, se cotejaron los requisitos de elegibilidad con los titulares de los programas, identificándose a 27,208 personas del Potenciar Trabajo y 12 del Potenciar Empleo que no cumplían con los criterios para recibir los ingresos y, por ende, se les retirará el beneficio.
«Se suspendió de inmediato el pago, evitando así una erogación indebida de 2 mil millones de pesos por parte del Estado nacional», señaló el Gobierno.
Además, se detallaron algunas de las incompatibilidades encontradas a través de la comparación de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). Entre los beneficiarios de planes, se identificaron personas que recibían jubilación o pensión, prestación por desempleo, eran monotributistas de categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y propietarios de automóviles con menos de diez años de antigüedad. A todos ellos se les revocó el derecho al cobro.
Estas 27,220 personas que quedan sin asistencia social se suman a otras 4,588 que fueron dadas de baja por Pettovello a finales de diciembre, alcanzando un total de 31,808 titulares de programas que han perdido sus prestaciones desde que asumió al frente del megaministerio.
Las más de 4,000 prestaciones eliminadas el año pasado surgieron de una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, que cruzó la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de empleados públicos de 14 provincias. Estas incompatibilidades se detectaron en provincias como Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
Los titulares del Potenciar Trabajo recibieron este mes 78 mil pesos, correspondientes a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuyo consejo aún no ha sido convocado para definir aumentos que impactarían en prestaciones sociales y jubilaciones.
Cabe destacar que el Potenciar Trabajo fue creado durante la administración de Alberto Fernández, bajo el mandato de Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social. Requiere que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales en una Unidad de Gestión o Certificación, abarcando diversas actividades, desde cuidado hasta reciclado y agricultura familiar, entre otras.
Aunque el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ha anunciado aumentos en las ayudas para sectores vulnerables, se ha centrado principalmente en la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), dejando congelado el Potenciar Trabajo. El Gobierno asocia este plan con la «intermediación» de las organizaciones sociales, una práctica que buscan eliminar.
Por su parte, las agrupaciones -tanto de izquierda como peronistas- que participarán en el paro general de la CGT el miércoles, consideran que la gestión de Javier Milei estigmatiza sus filas y busca evitar la protesta social mediante este tipo de medidas.
