Ley ómnibus: El Gobierno dice si a la fórmula jubilatoria actual, pero no cede con las retenciones

A pesar de explorar diversas opciones, no se descarta la posibilidad directa de suprimir el artículo relacionado con las jubilaciones del proyecto. Además, se contempla la inclusión de una comisión bicameral encargada de revisar las privatizaciones. Surge un frente de conflicto debido a las retenciones al sector agrario.

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, junto a su segundo, José «Cochi» Rolandi, el ministro de Economía, Luis Caputo, el asesor Santiago Caputo, el economista Federico Sturzenegger y los equipos técnicos de Palacio de Hacienda y la Casa Rosada, trabajaron intensamente durante este fin de semana en ajustes adicionales a la «ley ómnibus». El objetivo es persuadir a los bloques aliados para que emitan un dictamen conjunto el martes.

Durante las jornadas, los funcionarios refinaron los artículos y evaluaron el impacto fiscal de los cambios con la intención de enviar el texto actualizado a los diputados dialoguistas a más tardar mañana por la mañana.

Aunque persisten varios puntos de resistencia en los bloques amigables (Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal), el foco principal del debate sigue centrándose en la ecuación fiscal, especialmente en los apartados de jubilaciones y retenciones. En este momento, el Gobierno explora «distintas alternativas» para reformular el artículo sobre movilidad jubilatoria, contemplando incluso la posibilidad de eliminar dicho tema del proyecto, lo que significaría mantener la fórmula actual que ha quedado rezagada respecto a la inflación.

Por otro lado, el capítulo de retenciones se presenta como un punto más conflictivo. El Gobierno se muestra reticente a resignar recaudación después de eliminar los derechos de exportación sobre las economías regionales. Sin embargo, los bloques aliados, especialmente los gobernadores de Juntos por el Cambio, expresan preocupación por el aumento de retenciones al campo y a los productos derivados de la soja, lo que podría afectar las relaciones con la Casa Rosada.

Según fuentes, el Gobierno también planea realizar ajustes en los capítulos relacionados con privatizaciones y la sección cultural de la ley. El caso del Banco Nación, objeto de controversia, podría reformularse como una «sociedad de participación mixta».

Otra posibilidad que se evaluó pero aún no se confirmó fue la inclusión de la reforma laboral, actualmente reflejada en un decreto de necesidad y urgencia (DNU), dentro del proyecto de «Ley Bases». Si los bloques aliados respaldan esta propuesta, el Gobierno otorgaría fuerza de ley a este tema para revertir el revés que enfrenta en la Justicia, ya que la reforma laboral había sido judicializada por la CGT y su vigencia suspendida.

La primera oferta del Gobierno a los bloques aliados tuvo lugar el jueves por la noche, pero los diputados potencialmente aliados expresaron su descontento con algunos cambios propuestos. La pelota está ahora en el campo del Gobierno, que debe definir la extensión de nuevos ajustes y redactar una versión actualizada del proyecto. La expectativa es que esta segunda oferta permita obtener el respaldo de los diputados dialoguistas para lograr un dictamen el martes y sesionar el jueves, después del paro de la CGT, aunque la garantía de apoyo aún no está asegurada.