La medida forma parte de las negociaciones entre las provincias y la Casa Rosada, ya que, además de permitir al Gobierno recuperar ingresos fiscales, los gobernadores también obtendrán su parte debido a que se trata de un impuesto coparticipable.
Se espera que el nuevo impuesto tenga actualización trimestral basada en la inflación y sea retroactivo a septiembre de 2023. La restitución de Ganancias fue objeto de disputa entre las provincias y el Gobierno, ya que inicialmente el impuesto se había eliminado con fines electorales.
Según fuentes del equipo económico del exministro de Economía Sergio Massa, la reintroducción de Ganancias afectará nuevamente a alrededor de 800,000 empleados y jubilados que actualmente no están sujetos a este impuesto, generando una recaudación adicional del 0,5% del PBI.
El regreso de este impuesto para salarios altos estaba en línea con el plan inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, para lograr el equilibrio fiscal en 2024. Se espera que la recaudación aumente significativamente, ya que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en 2023 implicó una pérdida sustancial de ingresos tanto para el Estado Nacional como para las provincias.
El Gobierno había elevado el piso del mínimo no imponible en octubre a partir de un decreto, eximiendo del pago de Ganancias a unos 800,000 contribuyentes. Sin embargo, el nuevo proyecto busca revertir esta medida y establecer un nuevo umbral de ingresos sujetos al impuesto.
Cerca del equipo económico del exministro de Economía Sergio Massa, quien lideró la eliminación de la cuarta categoría, aseguraron que con los cambios propuestos volverán a pagar el impuesto a las Ganancias alrededor de 800,000 empleados y jubilados que actualmente están exentos. Se estima que esta medida generará una recaudación adicional de 0,5 puntos del PBI.
«En promedio, cada trabajador sufriría una retención de $315,000 mensuales que se descontarían de su sueldo», calculó un exfuncionario del político de Tigre.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió recientemente al cambio de postura de Javier Milei con respecto al Impuesto a las Ganancias. «En su anterior calidad de diputado, efectivamente votó la rebaja o la modificación de Ganancias. Jamás dejó de decir y aclarar que tenía que ir acompañado por una reducción del gasto y que debía ser ejecutada en aquel momento por el Estado nacional. Actuó en su calidad de legislador en línea con sus pensamientos», señaló.
Adorni destacó que cualquier corrección al alza de impuestos, como en el caso de Ganancias, será de cortísimo plazo y que están enfocados en hablar con la verdad y revertir aumentos impositivos en el menor tiempo posible.
El retorno del impuesto formaba parte del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para lograr el equilibrio fiscal. Se proyectaba que el 0,5% del PBI del ajuste provendría de mayores ingresos al fisco por esta vía.
A través del decreto 473/2023, Sergio Massa había elevado el piso del mínimo no imponible para trabajadores y jubilados a partir de octubre, eximiendo del pago de Ganancias a unos 800,000 contribuyentes. Con la última actualización del salario mínimo, actualmente solo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1,980,000. Sin embargo, esa normativa dejó de regir el 31 de diciembre, ya que a partir de enero comenzó a regir la ley 27.725 sancionada por el Congreso.
La iniciativa que se presentará al Congreso incluye cambios significativos, como la exención del Salario Anual Complementario (SAC) del impuesto, excepciones para ciertos cargos públicos y directivos de empresas, y nuevas escalas de tributación basadas en salarios mínimos. Se estima que aproximadamente 88,000 contribuyentes, menos del 1% del total de asalariados, jubilados y pensionados en el país, seguirían pagando el impuesto.
Aunque aún no se conoce la letra chica del proyecto, en el Poder Ejecutivo han indicado que la decisión tiene más motivos políticos que económicos o fiscales, relacionados con las negociaciones con los gobernadores que inicialmente respaldaron la eliminación de la cuarta categoría.
Los mandatarios provinciales buscan fortalecer sus ingresos de coparticipación ante el anunciado recorte de transferencias corrientes y de capital que anticipó Caputo, lo que podría ejercer presión sobre las cuentas públicas de las provincias. La provincia de La Rioja, por ejemplo, ya oficializó su intención de emitir una cuasimoneda.
