El presidente Javier Milei ha intensificado su discurso crítico hacia los gobernadores provinciales, señalando una serie de prácticas de gasto cuestionables y buscando imponer un ajuste fiscal. Esta confrontación se ha vuelto cada vez más evidente en los últimos días, evidenciando tensiones significativas en la relación entre el gobierno nacional y las provincias.
En primer lugar, Milei arremetió contra el gobernador Axel Kicillof por su manejo de los fondos provinciales, señalando el pago de viajes de egresados el año pasado y las dificultades actuales para cubrir los sueldos. Posteriormente, criticó a Roberto Quintela, de La Rioja, por organizar festivales con fondos públicos y destinar grandes sumas a artistas como Lali Espósito.
El presidente también se ha enfrentado con Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, en una disputa por la distribución de la coparticipación del Impuesto PAIS y las exenciones fiscales relacionadas con eventos como el Cosquín Rock.
Otro punto de conflicto ha sido con Ignacio Torres, mandatario de Chubut, por la retención de la coparticipación destinada a saldar deudas anteriores con la Nación.
Este enfrentamiento se produce en un contexto de ajuste sin precedentes que Milei busca imponer a las provincias. Las transferencias automáticas han disminuido considerablemente, al igual que los recursos provenientes de impuestos como el Impuesto a las Ganancias. Además, el acceso al endeudamiento se ha vuelto más difícil para las provincias, lo que limita sus opciones para mitigar el impacto del ajuste.
Si bien el Gobierno nacional ha adoptado una postura firme en cuanto a la toma de nueva deuda por parte de las provincias, algunos analistas sugieren que una reducción en el gasto público podría abrir la puerta a nuevas oportunidades de endeudamiento. Sin embargo, esto implicaría recortes significativos en áreas como el servicio de la deuda, lo que podría generar tensiones adicionales.
El conflicto entre Milei y los gobernadores también refleja una disparidad en los niveles de gasto público entre el gobierno nacional y las provincias. Mientras que el gobierno central representa el 55% del gasto total, las provincias y municipios aportan el 45%. Esto plantea desafíos adicionales en la búsqueda de un «esfuerzo compartido» para abordar la situación fiscal del país.
En resumen, la tensión entre Milei y las provincias argentinas continúa en aumento, con importantes implicaciones para el futuro del país. La búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de ajuste fiscal y la preservación del bienestar social se presenta como un desafío crucial en los próximos meses.
