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El DNU 70/2023, declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025». Además, establece la «desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional», otorgando al Estado la facultad de fomentar «un sistema económico basado en decisiones libres».
En virtud de este decreto, se eliminan restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como cualquier normativa que distorsione los precios de mercado o coarte la libre iniciativa privada. Milei subrayó que estas medidas buscan lograr la «inserción en el mundo», comprometiéndose a adoptar estándares internacionales en el comercio de bienes y servicios.
Entre las múltiples disposiciones, se destaca la derogación de leyes significativas como la de Alquileres y la ley de Abastecimiento, así como la eliminación de normativas que obstaculizan la privatización de empresas públicas. El DNU también prevé la transformación de todas las empresas estatales en sociedades anónimas para su posterior privatización, y la modernización del régimen laboral para facilitar la generación de empleo genuino.
Acompañado por su gabinete, Milei enumeró «30 de las más de 300» reformas, medidas y derogaciones incluidas en el DNU, enfatizando que estas son pasos cruciales para la reconstrucción del país. El presidente anunció que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar un paquete de leyes, desafiando a los legisladores a ser parte del cambio o bloquear el proyecto de reformas más ambicioso en décadas.
El decreto fue revelado en medio de una jornada que contó con protestas en la Plaza de Mayo, pero Milei sostuvo que la crisis demanda una acción inmediata y que estas reformas son esenciales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.